El alza de precios afecta al 38% de la población pobre del país

María Isabel Andrade gana USD 110, pero necesita el doble para cubrir las necesidades de ella y sus cuatro hijos. Hasta abril el salario por horas de esta mesera era de USD 200, pero con la vigencia del Mandato laboral firmó un contrato de medio tiempo y su ingreso bajó. Frente a esta disminución de ingresos, la mujer de 42 años se ha visto obligada a tomar medidas. Sus hijos solo pueden comer un pan, “el resto se guarda bajo llave”; los huevos, el yogur, el queso y la mayor parte de frutas fueron restringidos de su dieta. Alterna el consumo de pollo o carne, ya que no alcanza para ambos. Pero pese a todas estas restricciones, cuenta que el mes anterior, entre alimentos, pan y leche la cuenta sumó USD 150. Este rubro no se hubiera podido cubrir si uno de sus hijos, de 18 años, no empezaba a trabajar... Andrade es parte del 38,3% de la población pobre (5,1 millones de los 13,5 millones de ecuatorianos), que destina cerca del 56% de su consumo mensual a la compra de alimentos, según la Encuesta Condiciones de Vida 2005/2006. Por lo que la creciente alza de alimentos afecta más a este sector, que a los hogares con mayores recursos, cuyo gasto de alimentos no supera el 30% del consumo total. Solo hasta abril de este año, el aumento de precios en el Ecuador alcanzó el 146,4%, por lo que su inflación creció más rápido a diferencia de otros países de la región. Un estudio de Cordes con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) determinó que el 20% más pobre de la población experimentó una inflación anual del 13% a mayo. Esto es 3,7 puntos más que la inflación general de ese mes (9,29%). En contraste, un hogar perteneciente al quintil más rico de la población experimentó una inflación del 8,2%. Para Vicente Albornoz, director de Cordes, el 20% más rico de la población destina 15% de sus gastos a comprar alimentos, mientras que el 20% más pobre destina casi la mitad de su gasto. Por eso, cuando los precios suben, los más afectados son los pobres. Sin embargo, Byron Villacís, director del Inec, aclara que se desde hace un mes se está trabajando en la determinación del índice inflacionario para los pobres. En el momento se elabora una base de productos y, según Villacís, tomará más de tres meses. Este tipo de procesos usualmente lleva uno o dos años, añadió. Actualmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que forma parte de la medición de la inflación, se fija sobre la base de 299 bienes y servicios que adquieren los clases media y alta. Y de estos 299 artículos, el peso de los 75 productos que componen la canasta familiar básica es del 45,6%. Y es justamente el aumento de sus precios lo que hace que la inflación tienda al alza. Si se toma en cuenta que esta canasta básica a junio costó USD 506,84 y el ingreso mínimo de un de hogar con 1,6 perceptores de ingresos es de USD 373,34, el déficit es de USD 133,5. En otras palabras este hogar tipo de cuatro miembros tiene una restricción del gasto del 26,4%. Pero Albornoz enfatiza que no todas las familias se parecen al promedio. Según la Organización de las NN.UU. para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 85% de los alimentos que consumen los ecuatorianos proviene del mercado interno y un 15% se importan (cereales, harina, frutas, etc). Si la crisis alimentaria continúa, la población más pobre seguirá el ejemplo de María Isabel Andrade y optará por buscar productos sustitutivos que reemplacen, por ejemplo, al pan o las pastas. En el caso del maíz y la soya, que se usan para fabricar balanceados para la alimentación animal, su incremento repercutirá en la subida del precio local de huevos, carne de pollo, cerdo y la leche. Aunque el Gobierno impuso un precio oficial de la leche y anunció que hará lo mismo con el pan si hoy se registra el aumento de este producto. Además, fijó el precio de la harina de trigo y el del quintal de arroz, en el cual incluso prohibió las exportaciones. Impulsó programas como Socio Solidario, en el que se incluyen nueve productos de la canasta básica a menor precio. También exoneró del Impuesto a la Renta al sector agrícola, el IVA a los insumos agrícolas. Estableció un subsidio para agricultores y se estudia la exoneración de aranceles para las importaciones de insumos agrícolas y bienes de capital. Con estas se trata de evitar que el alza de precios afecte a los más pobres.